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Tribunal cambia medida cautelar a Guillermo Ferrufino: de detención provisional a impedimento de salida del país

El Segundo Tribunal Superior de Justicia concedió la medida cautelar de impedimento de salida del país al exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, detenido preventivamente desde el 8 de mayo de 2015 en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), de Ancón, por una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

Ferrufino ya se encuentra en su residencia, ubicada en Albrook. En conversación con los periodistas, definió su detención «como un secuestro», y explicó que en todo este periodo guardó silencio «no de culpabilidad, sino por esperar un debido proceso».

Por este caso, el exministro y su esposa Milena Edith Vallarino fueron llamados a juicio por el Juzgado Undécimo Penal; el mismo juzgado había negado cambiar la detención preventiva por una medida cautelar menos severa.

El abogado de Ferrufino, Franklin Amaya, alegó que con su cliente no hay peligro de destrucción de pruebas, desatención del proceso o fuga, ya que tiene arraigo en el país.

El fallo lleva la firma de los magistrados Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz.

«La Sala es del criterio que si bien está acreditada la existencia de un hecho punible y la vinculación del acusado, no existe hasta el momento probabilidad de destrucción de pruebas, no se ha demostrado que pueda darse una desatención del proceso, como tampoco la posibilidad de fuga», señala el fallo. Por tanto, Mendieta y Sáenz favorecieron al imputado con la medida cautelar de prohibición de abandonar el territorio nacional, sin autorización judicial.

No obstante, Ferrufino fue conducido a su residencia, ya que tiene medida cautelar de detención domiciliaria por otro proceso que se le sigue, en este caso, por la presunta comisión de los delitos de peculado y corrupción de funcionarios, por el alquiler de aeronaves.

El exministro afronta dos casos más: uno por la compra de granos con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y otro por recibir dineros de unas empresas (beneficiadas con millonarios contratos del Mides) para comprar un vehículo Toyota Land Cruiser, valorado en $110 mil.

Fuente: prensa.com