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Las declaraciones ante el Colegio de Jueces de la II Sección Penal de Roma del imputado por corrupción internacional Valter Lavítola comprometen al exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino en la compra de los equipos a Finmeccanica.

En su alegato del pasado martes, Lavítola intentó, a duras penas, defender la efectividad de la empresa Agafia Corp. –constituida antes de la firma de los contratos entre Panamá y Finmeccanica– que la fiscalía califica de instrumental para canalizar el 10% del monto total de los contratos bajo la figura de una “comisión de venta”.

El fiscal Paolo Ielo puso en evidencia la naturaleza artificial del contrato de consultoría entre Agafia y las empresas de Finmeccanica (Selex, Telespazio Argentina y AgustaWestland), cuando inquirió al reo sobre la necesidad de “tener un contrato tan oneroso de 18 millones de euros [unos 25 millones de dólares]”. Lavítola contestó que Agafia servía a Finmeccanica de agente residente en aquel país, pero el fiscal replicó que eso chocaba con la realidad, pues las tres empresas ya tenían un agente residente, la abogada panameña Marleni Paolo, que las representaba en Panamá.

“En la praxis judicial se evidencia que buena parte de la corrupción internacional se fragua a través de contratos de consultoría ficticios”, sentenció Ielo. Entonces, Lavítola retrocedió: “Este es uno de los nudos de este procedimiento que no se entiende”.

INTERESES COMPARTIDOS

Lavítola, al mismo tiempo, trató de negar sus vínculos con Agafia y cualquier relación entre esta sociedad y Ricardo Martinelli. Sin embargo, sus argumentos quedaron mal parados cuando el fiscal citó una interceptación telefónica del propio Lavítola en la que este le confía al ex director comercial de Finmeccanica Paolo Pozzessere –el 13 de julio de 2011– que va a llegar a un acuerdo con el entonces presidente para quedarse con el 35% de Agafia.

La sala escuchó la reproducción de la conversación en la que se evidencia que tanto Martinelli como Lavítola tenían intereses comunes en Agafia Corp. y que él pretendía, al menos, 8 millones de dólares de los 250 millones de dólares que el Estado panameño pagaría por los contratos firmados con Finmeccanica:

—Valter: Porque te digo algo… al 90% de posibilidades, a menos que suceda otra mier… más, llegaré a un acuerdo con Martinelli

—Pozzessere: ¡Sí!

—Valter: Yo me pillo el 35% de esta empresa!

—Pozzessere: ¡Oh, sí!

—Valter: Así que me quedo con el 35% de la comisión.

—Pozzessere: Eh, seguro.

Mientras estas negociaciones avanzaban al margen de los contratos formales entre Panamá y Finmeccanica, la compra de los equipos mantenía su curso. Dos de los contratos (radares y helicópteros) eran responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública, a cargo de su entonces titular, José Raúl Mulino, que, bajo su responsabilidad, preparó, negoció, analizó y sustentó ante el Consejo de Gabinete estos contratos, de cuyo total saldría paralelamente el pago de una “comisión” a Agafia por una supuesta promoción comercial que jamás se efectuó.

Agafia, cuya presidenta es Karen de Gracia –ligada sentimentalmente a Lavítola–, se constituyó semanas antes de la firma de los contratos. En el proceso que hizo Mulino no existió ningún estudio previo o pliegos de referencia que avalaran la compra de los radares a Selex. Tampoco se tramitó un concurso público. Ni siquiera se pidió la opinión al Servicio Aeronaval sobre la conveniencia de adquirir un sistema de radares fijos, con lo cual el Estado sufrió una lesión debido a que el sistema no cumple con los objetivos.

“Los radares no son funcionales”, no sirven para detectar las pequeñas lanchas que utiliza el narcotráfico en sus rutas costeras por Panamá, informó el presidente Juan Carlos Varela y su ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera.

HERMETISMO

Por otro lado, la negociación del precio pactado con Finmeccanica se dio en condiciones de total hermetismo y sin parámetros de referencia que permitieran verificar si el precio era justo.

Mulino se encargó de ponerlo bajo sobra al pedir una excepción –alegando motivos de seguridad nacional– a los procedimientos habituales de la Ley de Contrataciones Públicas. Con ello obvió su publicación en la Gaceta Oficial, a fin de que el texto del contrato de compra de los radares –que incluía cláusulas beneficiosas para los italianos– no se conociera.

A pesar de ello, tanto el diputado Jorge Alberto Rosas como la ex candidata presidencial Balbina Herrera denunciaron la existencia de un sobrecosto en la compra de los 19 radares –cuyo valor de adquisición para Panamá fue de 125 millones de dólares– provocando que los desacreditaran públicamente.

En las investigaciones por corrupción internacional en Panamá, que adelantan los fiscales italianos, se corroboró un sobreprecio de, al menos, el 10%, que debía pagarse a la sociedad Agafia Corp.

En abril de 2012, Lavítola fue detenido en Italia y el escándalo de corrupción copó los medios de comunicación. Mulino decidió entonces viajar a Italia, supuestamente para obtener de primera mano información sobre las indagaciones judiciales que implicaban el pago de coimas a funcionarios panameños.

Mulino, pese a las graves acusaciones aparecidas en los medios y de haber afirmado que tenía poderes para cancelar los contratos e, incluso, “romper relaciones diplomáticas con Italia” si comprobaba la existencia de coimas, negó públicamente las irregularidades. Entre ellas, el pago de una “comisión” a Agafia. Y en vez de ordenar una auditoría que investigase la naturaleza de los contratos o cualquier sobrecosto, alegó que todo se trataba de “peleas entre italianos”.

LA ÚLTIMA ADENDA

Cuando Lavítola llevaba más dos años detenido y los fiscales italianos habían comprobado la existencia de la comisión oculta pactada a favor de Agafia, el 26 de mayo de 2014, Mulino, mediante resolución ministerial, decidió prorrogar hasta diciembre de 2014 el contrato con Selex, proveedor de los radares.

Esta resolución, concebida después de que Juan Carlos Varela ganara las elecciones presidenciales, en medio de la tormenta de corrupción que giraba en torno a las compras a Finmeccanica y después de que se conocieran los problemas técnicos de calibración de los primeros radares, perjudicó notablemente al Estado panameño.

Selex había incumplido los plazos de entrega de los radares pactados en el contrato original. Con ello, el Estado tenía una buena razón para suspender los pagos, al menos hasta que se aclararan los problemas técnicos y el sobrecosto que representaban las “comisiones” a Agafia.

El 17 de junio de 2014, Mulino firmó la adenda a favor de Selex, extendiéndole el plazo de entrega por siete meses, con lo que debilitó aún más la posición de la nueva administración.

LAVÍTOLA FACTURÓ ‘COMISIONES’

A pesar de que Lavítola negó su vinculación con Agafia Corp., los fiscales italianos tienen pruebas de que el reo envió facturas de la sociedad panameña para cobrar “comisiones” del 10%, conforme el Gobierno de Panamá desembolsaba los pagos.

A julio de 2011, Panamá había pagado el 15% a Selex de un total de 125 millones de dólares por los radares –unos 26 millones de dólares– cifra que incluía los intereses del financiamiento de la compra por parte de Citibank.

Esa fecha coincide, precisamente, con la de las facturas emitidas por Agafia, que suman más de 2 millones de euros (unos 2.7 millones de dólares) y que fueron girados en concepto de “comisiones” apenas el Gobierno panameño hizo pagos al conglomerado italiano.

Ese mes, Panamá hizo el primer abono por los helicópteros italianos. Dicho pago, de 12.7 millones de euros (unos 17.5 millones de dólares), llegó a una cuenta de AgustaWestland al banco Unicredit.

El 21 de julio de ese año, Agafia emitió una factura por el 10% en concepto de “comisión” por la venta de esos helicópteros, por valor de poco más de un millón de euros (1.5 millones de dólares). Ese mismo día, la sociedad envió otra factura, esta vez a Selex, por 1.2 millones de euros (1.6 millones de dólares), que corresponden al 10% de “comisión” por el pago recibido a cuenta del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.

Si Mulino no hubiese prorrogado el contrato, Panamá se habría podido ahorrar millones de dólares por un sistema de seguridad que para entonces se sabía de sus problemas. Él mismo había reconocido públicamente que los radares “tenían problemas de calibración”.

Al permitir la prórroga que solicitó Selex tampoco cuestionó a la empresa por la existencia de una “comisión” a favor de una sociedad anónima que saldría, precisamente, de los pagos que él ordenaba hacer.
Fuente: prensa.com